A cada quién su cada qué...

 

La imagen es por decir lo menos, inquietante, alarmante, pues se trata de este señor; harto conocido, propagandizando (sic) la producción y la exportación de sardina.

Este mismo personaje, en su calidad de autoridad electa en aquel tiempo, en 2014, prohibió, vía decreto, la exportación de alimentos de la dieta básica no excedentarios, entre ellos, y en primera línea, la sardina. ESte rubro en particular, posse una calidad alimentaria excepcional y había sido relativamente accesible para una población sometida ahora a una crisis humanitaria desde hace demasiado tiempo, pero que durante décadas se benefició de capturas abundantes y estables hasta que ciertos factores ambientales y la sobreexplotación sostenida desde hace por lo menos 10 años han generado una merma dramática en su abundancia en el medio natural, y, consiguientemente en sus capturas que ahora son profundamente insuficientes según la tradición y requerimientos de consumo nacionales. 

Es así que la exportación de sardina -junto con las de la tahalí, entre otros- tiene hasta visos de inmoralidad, dadas las carencias nutricionales de la población infantil en el país.

Este es un punto, como decíamos, alarmante, pero hay una segunda consideración que aparece disimulada bajo el ropaje promocional de los «esfuerzos efectivos» que está haciendo el sector pesquero, a través del ministerio de pesca, para aportar en la oferta exportable de Venezuela y contribuir así con la generación de divisas, la agregación de valor de materia prima, la venta eventual de pescado en las esquinas de las ciudades, la identificación de especies de pesca profunda, los inventarios de la diversidad biológica en una playa por aquí y otra por allá, la «evaluación» de potenciales pesqueros, la evaluación técnica de motores fuera de borda chinos, la defensa de las costas desde peñeros tripulados por connacionales acaso armados y sin ningún entrenamiento para la guerra, y que probablemente no tienen claro el concepto de la expresión «carne de cañón».

El ministerio de pesca y sus órganos adjuntos se han convertido, pues, en administradores, evaluadores científicos, vendedores, exportadores, embajadores, importadores, buhoneros, educadores, mitineros, sindicalistas, legalistas, legisladores, reclutadores, entrenadores, paramilitares…, sin ningún interés en comprender y asumir el hecho de que esta insensata dispersión de «deberes y atribuciones» solo resulta en anarquía e ineficiencia.     

El sector pesquero y otros, como lo fue otrora, debería organizarse bajo la premisa de que el papel esencial del Estado es propiciar el mantenimiento de las series temporales estadísticas. El deber de la comunidad científica es servirse de ellas, identificar variables pertinentes y diseñar nuevas series, y el deber del administrador es emplear las tendencias observadas, para ajustar los dispositivos de regulación. Es así como deberían distribuirse las tareas, y dejar el resto para los comerciantes, los soldados, etc., según el caso.

Recientemente oí de unos investigadores asociados al sector minero que la mina evoluciona en contextos que son propicios a la irresponsabilidad (¡c.f. Arco minero del Orinoco!), pues produce bienes de los cuales la sociedad no puede prescindir, y, por lo tanto, puede escapar con mayor facilidad de las regulaciones legales.

La alimentación adecuada, por su parte, en la cual los productos pesqueros deberían jugar un papel preponderante, aquí, en nuestro territorio y no en Asia, es también base irreemplazable del progreso real, pero este último no puede ser tal si no se desarrolla bajo principios de responsabilidad social y ambiental… y administrativa.