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| imagen: baladring.blog |
Hay dos realidades inapelables, que ningún filósofo, biólogo, sabio, empírico o lego nunca podrá recusar:
1. Necesitamos alimentos para vivir.
2. No hay manera de producirlos sin intervenir (afectar) los ambientes naturales respectivos.
Así ha sido desde que el hombre era sólo un procariota y hasta que devino en Homo sapiens, pasando por todas las etapas intermedias.
En el mundo de hoy, en medio de su carrera desenfrenada por satisfacer las demandas energéticas y alimentarias de los 10 mil millones que pronto seremos, la preocupación fundamental debería y deberá ser la eficiencia productiva en términos de uso de los diferentes ecosistemas y de las diversas fuentes de energía que hay (¿y que habrá?).
La negación contumaz de esa eficiencia ya muestra su cara más fea en los GEI y las consecuencias en el cambio climático, en las migraciones forzadas, en el hambre, en la desigualdad ominosa…
¿Cómo contrarrestar esa deriva? La humanidad sólo tiene una salida: convertir en compromisos formales, en normas, reglamentos y leyes, lo que la objetividad y la evidencia científicas recomienden, a las escalas temporales y espaciales que correspondan.
Y así llegamos, por caminos tortuosos, en nuestro pequeño rincón del planeta, a las varias revisiones y versiones de la Ley de Pesca y Acuicultura de Venezuela, cuya última propuesta está circulando por estos días.
¿Acoge esta propuesta de ley, ya en consideración en la Asamblea Nacional, el principio de la referencia científica para la formulación de sus artículos? Ciertamente hay frases declarativas en este sentido, pero muy tempranamente, en sus primeras líneas, introduce términos como «poder popular», lo cual ya pone a titilar las alarmas de contaminación ideológica, que, efectivamente, a partir de allí impregna todo el contenido del pretendido instrumento técnico legal y alcanza repetidamente su clímax con, por ejemplo, la incorporación de la definición de la palabra «revolución» (¡sí señor!, muy mal redactada, pero allí está, cual en diccionario político y social iberoamericano) y la creación del «Frente Bolivariano de Pescadores» con toda su connotación de vanguardia de resguardo contra cualquier fuerza, actual o potencial, que quiera oponérsele.
Después de tales exabruptos, cuando es tan evidente el tumbado doctrinario de esta propuesta de ley encaminada a exasperar los identitarismos, ya poco o nada vale la pena esculcar si en su espíritu hay una auténtica consideración de lo que verdaderamente hace falta para impulsar el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos vivos y su rol para la producción de alimentos, empleo e ingresos, en consideración de la biodiversidad; de la interacción entre las especies; de la repercusión sobre los sistemas naturales intervenidos o por intervenir; de la variabilidad de la abundancia de los recursos y de su efecto sobre su disponibilidad.
¡Ah!, pero hay algo que este proyecto de ley sí tiene en abundancia: más de 100 artículos relativos a sanciones y castigos…
