miércoles, 6 de septiembre de 2017

Y entonces ...¿Qué hacemos? (II)




 Hace pocos días comentábamos en un artículo anterior, la urgencia de implementar medidas rápidas, con resultados inmediatos en el muy corto plazo, para poner proteína de pescado a disposición de la gente, como medida apremiante en una situación alimentaria nacional caracterizada por la carestía, por la escasez y ahora, cada vez más, por la desnutrición...la desnutrición infantil; la más perversa de todas.

Como hemos visto en la entregas anteriores, a partir de los datos que el mismo INSOPESCA entrega a los organismos multilaterales (FAO), ha habido una disminución sustancial de las capturas anuales (más del 60% en 10 años), a pesar de que el número de embarcaciones pesqueras artesanales se ha incrementado -cerca de 30% en las costas orientales- en la primera década de los años 2000 (datos propios).

En un contexto signado por las dificultades económicas, acentuadas en los últimos años, un tal crecimiento ha sido posible por el efecto de los incentivos, como subsidios directos al pescador, a través de programas de créditos blandos o entrega simple de bienes de producción (botes, artes y motores), además del importante subsidio implícito en el precio del combustible y lubricantes, que se suma a otros que son aplicados por otras vías indirectas, más o menos efectivas, a los alimentos de los tripulantes, por ejemplo (precios regulados; distribución gubernamental) y al hielo (agua y electricidad).

Así, tal paquete de subsidios y de ayudas se han convertido en una forma de reducir artificialmente los costos de la faena de pesca, lo cual tiene una primera consecuencia: se promueve el incremento del esfuerzo de pesca, sobre recursos pesqueros que ya están en su tope de explotación o están sobreexplotados.

Otra consecuencia esperable de este fenómeno, va en sentido contrario pero tiene igualmente efectos indeseados: cuando los incentivos, vía subsidios, no logran arropar totalmente a todos los pescadores ni a todos los insumos requeridos para la práctica de la pesca y actividades conexas (conservación, distribución y mantenimiento), los costos reales de estos insumos, que se suman a los costos no estrictamente pesqueros (mecánica, carpintería de ribera, repuestos, gastos del pescador y su familia), se compensan con el incremento de los precios de venta de las capturas. En otra palabras: el precio final del pescado está determinado por el costo real de producción en un ambiente altamente inflacionario y por el incremento de la demanda, frente a una oferta mermada por la caída de las capturas totales. Lo anterior también quiere decir entonces, que pescar cada vez menos, cuesta cada vez más.

Este panorama resume una realidad tajante: los subsidios a los medios de producción NO SIRVEN. Es dinero perdido que debería ser empleado en planes técnicos de recuperación de los recursos; de identificación de nuevas peesquerías; de importación coyuntural de materia prima pesquera para la reactivación de las cadenas de valor y, en todo caso, para SUBSIDIAR AL PRODUCTO TERMINADO NACIONAL Y NO A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN.

Subsidiando al producto terminado nacional (al menos inicialmente los rubros básicos de fácil distribución: conservas de atún, pepitona, sardina y/o sucedáneos) y no a los medios de producción, el pescador puede ejercer su oficio en concordancia con un contexto económico real y no en función del azar de una eventual ayuda económica o material, que termina deformando la estructura de costos de la pesquería sin lograr disminuir los precios al consumidor. Para ejemplo, un botón: los precios de venta al consumidor se han elevado en un promedio de 1.300% entre 2014 y 2016. Para finales de 2017, el porcentaje estimado rondará los tres dígitos medios (¡o altos!), pero con el agravante de que tal incremento habrá ocurrido en un solo año y todo ello a pesar del bajísimo costo de los combustibles y de la interminable entrega de motores, redes, botes, muelles, rancherías, centros de acopio, etc., que han consumido infructuosamnete ingentes recursos económicos.

Subsidiando al producto terminado nacional y no a su importación desde otros países (como es el caso del atún mexicano y de otros orígenes que viene en las cajas CLAP), se puede hacer que la población en general tenga acceso regular a productos pesqueros de gran valor nutricional, sin tener que esperar por la entrega inconstante, fortuita, condicionada e insuficiente, de unas laticas de atún que quizás nunca lleguen.

Mientras tanto, a pesar de las circunstancias deporables que estamos viviendo, y en un empeño por la inmediatez ineficiente, las autoridades sectoriales por ahora solo se limitan a anunciarnos de manera estentórea, que Venezuela ha producido este año 133 mil toneladas (t) de pescado...133 mil t en 8 meses; digamos unas 17 mil t mensuales... Hace pocos años, no muchos, unos 10 o 12, la producción mensual estaba en el orden de las 42 t. Hoy producimos casi tres veces menos y aún así nos parece una razón para la vanagloria.  

Hay pues, respuestas posibles, deseables y que debemos reiterar ante la pregunta que otra vez hoy titula este blog: Y entonces... ¿qué hacemos? Empecemos por diseñar e implementar muy rápidamente un plan de subsidio a las conservas de confección nacional, para que puedan se adquiridas sin restricción por la gente con capacidad adquisitiva muy limitada; por las intendencias de los comedores populares, escolares y de universidades y, en definitiva, por quien lo necesite...por quien así lo quiera... como ocurre todos los días, extrañamente para nosotros, en cualquier parte del mundo, en cualquier país, digamos, medianamente normal.

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