¡Sácame la piedra Greenpeace!*

 

Imagen: mundiario.com

Por estos días, las redes, las sociales han estado atiborradas con un video que muestra a la oenegé Greenpeace arrojando enormes bloques de piedra granítica de varias toneladas en el Mar del Norte alemán, con el argumento de impedir la práctica de la pesca de arrastre en esas aguas. En lugar de presentar en estos párrafos algunas muestras de «data dura» que normalmente consiste en tablas repletas de números y curvas de colores que se entrecruzan sobre un plano de coordenadas, sigamos con el uso de conducir estas reflexiones con hechos y evidencias expresadas de manera sencilla que conciernen, por un lado, al sistema natural, y, por el otro, al sistema legal, y que, en el caso de hoy, pueden ayudarnos a superar el a veces inconveniente razonamiento lineal: ‘pesca de arrastre-actividad depredadora-prohibición a ultranza’.

Vayamos con el primero; el sistema natural: Existe una práctica muy común en los mares del mundo que consiste en la conformación de arrecifes artificiales hechos muchas veces con chatarra marina o con formas poliédricas de concreto (aquí en nuestro patio se hundieron en varios sitios los barcos que una vez conformaron la flota industrial de arrastre, ahora totalmente prohibida en el país). Estas estructuras hundidas ejercen un efecto concentrador de la biomasa que podría confundirse con un aumento neto de la densidad y no con una simple redistribución de la biomasa; pero esa es otra historia. Lo cierto es que en el caso alemán y Greenpeace, esas enormes piedras, colocadas para obstaculizar el paso de las redes, seguramente habrán de ejercer el citado efecto de agregación de peces y de fauna en general, alterando en alguna medida la dinámica migratoria, reproductiva, alimentaria, de la biodiversidad del sitio, de la capturabilidad de los peces, etc. ¿Habrá sido tomado en cuenta esto por la oenegé? ¿Habrá sido suficientemente discutido con la Oficina para la Conservación de la Naturaleza Marítima de Alemania? Estos artilugios de agregación de peces como los mencionados y objetos flotantes más o menos sofisticados para el caso de los peces pelágicos (atunes sobre todo) son razón de estudios cada vez más especializados, pues, justamente por las causas rápidamente esbozadas antes, pueden tener un impacto profundamente negativo… tal y como ocurre con la pesca de arrastre mal administrada.

En el segundo caso; el sistema legal: Creo que todos podemos acordamos en el hecho de que el sostén de la coherencia de la sociedad se basa en sus instituciones, por lo que la institucionalidad debe ser entonces el origen de leyes y regulaciones. Más allá del carácter noble y justiciero que sin duda tienen las acciones e intenciones de algunas organizaciones no gubernamentales, ninguna de ellas puede arrogarse potestades regulatorias. Si alguna de ella lo hiciera, todas las demás también tendrían el mismo derecho, con la inexorable consecuencia de un caos de ordenaciones cruzadas y contrapuestas en función de los intereses particulares de tales organizaciones y no de la ciudadanía toda, que, en principio, está representada en el Estado. Por supuesto que los gobiernos también se equivocan y «meten la pata» frecuente y profundamente; ¡vaya si lo sabremos nosotros los venezolanos! (hablando de pesca: la execración absoluta de la pesca industrial de arrastre en el país redujo la necesaria oferta pesquera en cerca de 30 mil toneladas anuales, dejó sin trabajo a miles de tripulantes y demás trabajadores asociados al sector, estimuló la pesca artesanal de arrastre en zonas sensibles del margen marino costero y promovió la misma pesca industrial pero ahora de manera clandestina y no regulada). Pero, a pesar de todo, corresponde a los entes del Estado diseñar e implementar las medidas que convengan a todos, con participación de las academias, y en consideración de la biodiversidad cuando sea el caso, que es siempre cuando se trata de interactuar con el ambiente. Nuestra principal tarea como ciudadanos, es velar porque los actores del Estado sean los mejores.

Una discusión seria, técnicamente sustentada, acompañada de una campaña informativa y objetiva de sensibilización de la sociedad promovida por todos aquellos que se sientan concernidos, y cuyo resultado dote de coherencia los principios rectores de la convivencia, siempre será  mejor que tirar o sacar piedras como medida de resolución de conflictos.

*En beneficio de los amables lectores de tierras y mares lejanos, aclaramos que «sacar la piedra» es una locución verbal muy empleada por estos lados del mundo para expresar mucha furia o enfado.

La historia vuelve a repetirse...

 

Cuando accedí a hacer lo que me pedía en tono mandón e insolente, humillándome frente a mi familia con improperios y amenazas, yo no estaba legitimando su autoridad; acaso solo estaba reconociendo que el secuestrador tenía poder efectivo sobre mí y mi gente, dada mi absoluta incapacidad de ejercer sobre él un poder contrario y de fuerza superior.

Aceptar las órdenes del rufián y hablarle y «consultarle» en tono (forzadamente) amable y condescendiente sobre la mejor manera de salir del brete, se convirtió en mi forma de ejercer algún tipo de pequeño control, dadas las circunstancias, con la esperanza de que la situación derivara a nuestro favor en algún momento.

Quien quiera hacer algún parangón entre esta anécdota real y cualquier otro acontecer local, que lo haga. Yo, mientras tanto, trato de echar mano de la experiencia, la propia y la ajena, para imaginar el escenario «posbrete» y planificar en función de lo que debería hacerse, una vez recuperada alguna capacidad ejecutiva… mucha o poca, pero de cara al futuro.

Seguramente habré de repetirme, pues hace ya cuatro años que escribí lo que sigue, que, tristemente, a falta de evolución política y social (valga la cita de Darwin), mantiene, así lo creo, toda su vigencia, pues hoy, en este noviembre 2021, estamos parados ante la misma encrucijada.

¿Qué pasa si el poder regional, por alguna mutación no necesariamente azarosa,  pasa ahora a manos de la oposición (léase una organización o grupo de personas contrapuestas al gobernante actual)? ¿Qué tendría que hacer un gobernador nuevo, auténticamente nuevo, si resulta que las circunstancias lo favorecen y se hace con el ejecutivo de un Estado costero de tradición y vocación pesqueras (son nueve, por lo menos)?

Repitiéndome entonces: «Los recursos pesqueros, de propiedad pública, generalmente tienen una amplia distribución espacial que trasciende fronteras y jurisdicciones políticas de las entidades regionales. Por ello, es procedente que la gestión de tales recursos y su aprovechamiento se base en regulaciones diseñadas a nivel central.

Esta premisa administrativa se fundamenta en una realidad biológica que tiene vigencia y sentido, no solo en las aguas interiores, territoriales de un país, o en su ZEE. Algunos recursos de enorme importancia económica, como los atunes y algunas de sus especies asociadas, realizan migraciones transzonales y/o son altamente migratorios, por lo que transitan por aguas internacionales, patrimonio común de la humanidad. 

Queda claro entonces, que al no haber correspondencia entre las jurisdicciones políticas nacionales o internacionales y el contexto biológico y distribución espacial de las especies concernidas, ninguna entidad política regional o local puede arrogarse el derecho del uso y gestión de un recurso que por su distribución y dinámica espacial, puede ocupar eventual, transitoria y sucesivamente, diversas aguas jurisdiccionales.

Esta realidad biológica no contraviene, sin embargo, el hecho de que los gobernadores y sus equipos regionales de gobierno, para las entidades geográficas concernidas, tienen responsabilidades y obligaciones coligadas al ámbito pesquero que, por lo tanto, deberían ser parte de sus programas y ejecutorias, estableciendo, claro está, las coordinaciones respectivas con el órgano centralizado, vale decir INSOPESCA, ahora bajo la égida del MPP para la Pesca y la Acuicultura. 

Estas responsabilidades y obligaciones ya aparecen delineadas a partir del artículo 184 de la Constitución vigente y que reza: La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos. 

 A partir de aquí se desarrollan 13 numerales para la promoción de la educación, de las diversas expresiones de la economía social (cooperativas; empresas comunales; cajas de ahorro; mutuales) e inversiones dirigidas del presupuesto regional.

 Por su parte, la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en su Capítulo II, de las competencias concurrentes entre los niveles del poder público, propugna, en su Artículo 4, que En ejercicio de las competencias concurrentes que establece la Constitución, y conforme a los procedimientos que esta ley señala, serán transferidos progresivamente a los Estados los siguientes servicios que actualmente presta el Poder Nacional. De esta premisa formal derivan al menos siete numerales que ordenan a la autoridad local a promover la educación (técnica pesquera en nuestro caso); a la promoción de la agricultura; a la ejecución de obras públicas  productivas (puertos, muelles, lonjas, centros de abastecimiento al pescador) y a la investigación científica (pesquera y biológica pesquera).

Este paquete de leyes, mucho más extenso de lo que este espacio permite abordar, confiere entonces claramente a los gobernadores e incluso alcaldes, la potestad para promover e implementar, por ejemplo: 

• Desarrollo de programas de profesionalización del pescador, así como la tecnificación de su flota en aspectos tales como: navegación y detección electrónicas,  mecánica, refrigeración a bordo y seguridad. Incluir la enseñanza de técnicas de cultivo acuático, para promover el desarrollo de  esta opción productiva, haciendo énfasis inicial en la mitilicultura (cultivo de mejillones) y ostricultura (cultivo de ostras), en el caso de las entidades costeras del oriente, por ejemplo. Cachamas, morocotos y tilapias, para Estados no costeros, etc.
• Consolidación de las comunidades pesqueras, asegurando el bienestar del entorno familiar del pescador a través de la salud, la educación y la generación alternativa de ingresos.
• Implementación de planes regionales, regulares y sistemáticos de certificación de tripulantes, en temas de seguridad y rescate en el mar y prevención de la contaminación, con base en los estándares y exigencias internacionales de la Organización Marítima Internacional (de la cual Venezuela es miembro desde 1975). 
• Promover el consumo de pescados con alto contenido de ácidos grasos omega 3, a través de la creación de productos atractivos para los niños, educando sobre sus beneficios y formas de consumo y estableciendo convenios y programas con los entes de educación del Estado, los centros de distribución de pescado y laboratorios regionales  de tecnología de alimentos.
• Contribuir de manera directa en el amparo y la seguridad de  marinos, instalaciones portuarias y embarcaciones de las flotas estadales que operan en aguas territoriales venezolanas y las de otros países (especialmente en la plataforma continental de Surinam y  de la Guayana Francesa, para el caso de las flotas de media altura de Nueva Esparta y Sucre).»

Vemos pues que los dispositivos legales existen y podrían amparar las ejecutorias de aquellos que tengan espíritu y voluntad para procurar el bienestar, progreso y libertad de personas, familias y sociedades, y no el solo ejercicio del poder eterno, sustentado en la dependencia y la sumisión.